El paquete que envió al Congreso apunta principalmente vs. Poder Judicial, el INE y los organismos autónomos.
Por Diana Benítez
El paquete de una veintena de iniciativas de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, con las que busca ‘enterrar’ el “neoliberalismo”, apunta a tres rubros que han sido blanco de sus críticas en todo lo que va del sexenio: el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos autónomos.
Ayer, López Obrador conmemoró el 107° aniversario de la Constitución de 1917 con modificaciones en los rubros político-electoral, social y económico y en materia judicial y de seguridad.
Fue un acto en el recinto parlamentario de Palacio Nacional y sólo con la presencia de su gabinete legal y ampliado, su esposa, Beatriz Gutiérrez, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.
Sus propuestas –dijo– son “orientadas a modificar el contenido de artículos antipopulares que fueron introducidos durante el periodo neoliberal o neoporfirista”.
De los proyectos, destacó que retomó su plan A de reforma electoral, el cual fue rechazado en 2023 por no contar con mayoría calificada en el Congreso.
La iniciativa propone que los consejeros y magistrados electorales sean electos por voto popular.
Además, impactaría en la integración del Congreso de la Unión porque plantea eliminar a los legisladores plurinominales. Así, la Cámara de Diputados pasaría de 500 a 300 legisladores y el Senado, de 128 a 64. “Se fortalecerá la democracia participativa con la reducción de 40 a 30 por ciento de participantes en consultas populares para hacerlas válidas, efectivas y vinculatorias; esto mismo aplicará en el caso de la revocación del mandato”, aseguró el mandatario.
Las autoridades electorales no serán las únicas que serían electas, pues ese es el punto central de la reforma al Poder Judicial: jueces, magistrados y ministros también serán sometidos a la voluntad popular.
“El Poder Judicial no puede seguir siendo un conjunto de instituciones al servicio de intereses políticos y económicos. Por el contrario, debe asumir su papel de garante de la justicia y hacer valer un auténtico Estado de derecho, en el cual nada ni nadie se sitúe al margen de la ley o por encima de ella”.
El paquete también apunta a la desaparición de organismos autónomos por ser “onerosos y elitistas”, pues su único propósito es “proteger negocios particulares”.
Destacó la contrarreforma a las modificaciones en materia de pensiones impulsadas por Ernesto Zedillo y Felipe Calderón.
“Para reparar este daño a los trabajadores en general, desde el 1 de mayo de 2024 se va a crear un fondo semilla de 64 mil 619 millones de pesos que se irá incrementando poco a poco, al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal”, explicó.
Además envió la reforma energética, elevar ocho programas sociales a derechos constitucionales y prohibir el comercio de drogas químicas y vapeadores.
El mandatario destacó que los cambios son para revertir “adulteraciones” que quitaron el carácter social y democrático a la Constitución de 1917. “Sería un error confiarnos y dejar pasar esta oportunidad histórica para hacer todo lo que esté a nuestro alcance”, aseguró.
Así –destacó– que, si lograra la oposición retomar el poder, sería “casi imposible cancelar beneficios”.
“Pero no se malinterprete, no estoy hablando del futuro inmediato, hasta donde alcanzamos a ver y a oír en la calle, el porvenir vendrá acompañado de la justicia. Mi reflexión va más allá de los próximos años, porque nada en política es eterno y la democracia se gana o se pierde”, dijo por los comicios en puerta.
Tras el acto protocolario, Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación, entregó el paquete ante integrantes de la Mesa Directiva la Cámara de Diputados. “He girado instrucciones para que sean publicadas en la Gaceta Parlamentaria, y así garantizar su máxima difusión, total transparencia de su contenido así como hacerlas de su conocimiento de los legisladores que habremos de hacer nuestra tarea”, comentó Marcela Guerra, presidenta de la Cámara baja.
